
El régimen de excepción ha sido ampliamente elogiada por algunos sectores de la sociedad, pero es importante analizar críticamente si realmente está cumpliendo con su objetivo de prevenir el resurgimiento de la violencia en el país.
Desde que asumió el cargo, Bukele ha apostado por una estrategia de mano dura, basada en el despliegue de fuerzas de seguridad en las calles y en la militarización de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por su enfoque punitivo y represivo, que no aborda las causas estructurales de la violencia en El Salvador.
En lugar de invertir en programas de prevención del delito, en la rehabilitación de jóvenes en riesgo y en la generación de oportunidades económicas para las comunidades más vulnerables, Bukele ha optado por una estrategia que se centra exclusivamente en la represión y en la persecución de los delincuentes.
Esto no solo es insostenible a largo plazo, sino que también puede tener efectos contraproducentes, alimentando un ciclo de violencia y represión que solo perpetúa el problema.Además, la estrategia de seguridad de Bukele ha sido criticada por su falta de transparencia y por los abusos de derechos humanos que se han denunciado en el marco de las operaciones policiales y militares.
La militarización de la seguridad pública no solo es ineficaz, sino que también pone en riesgo la democracia y el respeto a los derechos fundamentales de la población

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